20 Ene Reflexiones sobre el modelo TERRITORIAL
El pasado día 17 de enero se presentaba en el Hotel Wellington de Madrid, ante un selecto auditorio empresarial convocado por las Fundaciones Conexus y Broseta, el documento denominado ‘Reflexiones y Propuestas sobre el modelo de Estado Autonómico’ elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional, Vicente Garrido Mayol, y José María Vidal Beltrán, profesor también de esa misma disciplina en la Universitat de València. Propuesta planteada por académicos de posicionamientos ideológicos de partida distintos pero con una dilatada experiencia de servicio público y trayectoria jurídica: el primero, como presidente del Consell Jurídic Consultiu, durante algo menos de tres lustros (2003-2016); el segundo, al frente del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tras su paso por la Presidencia de la Generalitat (secretario autonómico de Comunicación: 2015-2019) y el Ministerio de Administraciones Territoriales (director general de Cooperación Autonómica y máximo responsable del Centro de Nuevas Estrategias de Gobernanza Pública, 2004-2007).
El documento introduce nuevas perspectivas en un planteamiento que ya viene siendo habitual en el debate jurídicoconstitucional, dirigido a actualizar, perfeccionar y modernizar nuestro modelo de organización territorial, para lo que incluso se llegó a constituir en 2017 una Comisión específica en el Congreso de los Diputados. Y digo nuevas, porque ambos autores, con acierto, se mueven en una doble perspectiva posibilista que no necesariamente debería conducir a la tan debatida reforma constitucional. Antes, justificarán un modelo de Estado que ha terminado por reconciliar la pluralidad y diversidad intrínseca de España, a partir de la formulación autonómica que caracteriza al régimen de 1978.
Han sido muchas las propuestas intelectuales que se han planteado en los últimos años dirigidas a tal fin. Quiero destacar por su importancia que bajo el liderazgo de Muñoz Machado rubricaron diez catedráticos de diversas universidades españolas bajo el título ‘Ideas para una reforma de la Constitución’ (2017) o, la propuesta para la reforma federal del Estado que sólo unos años antes plantearon otros cinco profesores de Derecho Constitucional, liderados por Javier Tajadura (Universidad del País Vasco). Una dinámica que, también, ha contagiado al ámbito institucional y donde puede destacarse el Acuerdo del Consell (2018) en clave territorial; únicamente concretada en la iniciativa impulsada por Les Corts Valencianes para la recuperación del Derecho Civil valenciano aprovechando el Proyecto de Reforma Constitucional en ciernes.
La de los expertos constitucionalistas es una propuesta que pone en valor uno de los mayores aciertos del llamado «régimen de 1978»; con el objetivo de «proteger y perpetuar el legado de la Transición y formular propuestas para la España territorial del futuro». Aunque parte de la encrucijada actual del momento autonómico, y los planeamientos defendidos respecto al mismo (neocentralistas, federalistas, independentistas, inmovilista y reformista) para plantear finalmente un decálogo de propuestas que concentran la parte de mayor interés del informe.
De la arquitectura institucional buscan insistir en la potencialidad ‘integradora’, todavía por explorar, de nuestra Cámara de representación territorial; abriéndose a ampliar y mejorar los mecanismos de cooperación multilateral, sin descartar tampoco otras vías de participación en la conformación final de la voluntad estatal (integración en los grandes organismos gestores y económicos del Estado o, incluso, en la conformación final de la posición europea). Postulan, también, en adecuar la estructura de la Administración General del Estado (AGE) a la pluralidad territorial, recuperando una vieja pretensión del Ministro Jordi Sevilla (e inspirador de alguna de las propuestas que laten tras el documento) de aprobar un “estatuto del Gobierno” en el que deberían concretarse pautas de actuación dando continuidad a su acción más allá de los cambios de signo político, evitando en todo caso la pulsión recentralizadora que pudo reflejarse en algunas de las medidas impulsadas y puestas en práctica, hace algo menos de una década, desde la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Otra vieja idea que merece ser recuperada por los autores es la llamada «administración única», con la que evitar dualidades y solapamientos innecesarios y que, permitiría, a su vez, reforzar el principio de subsidiariedad que rige a nivel europeo. Consideran básico flexibilizar la estructura provincial como vía de una mejor articulación interna de las Comunidades Autónomas; finalidad que ha sido perseguida, sin éxito, durante décadas y que facilitaría el refuerzo autonómico a partir del desmontaje paulatino de las diputaciones provinciales.
Como valencianos, no podían sortear la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica dándole una estabilidad que actualmente no tiene; con perspectiva y vocación de futuro que impida que se consoliden y perpetúen infrafinanciaciones como la que padece nuestra Comunidad. Por último, la adecuación constitucional a una práctica federal que viene ya funcionando en múltiples ámbitos de nuestro Estado pero que quizás ha quedado al descubierto tras las crisis económica y pandémica. La construcción de una auténtica ‘cogobernanza’, que pasa necesariamente por modificar los mecanismos para un funcionamiento territorial más eficiente. En este punto recuperan alguna de las propuestas que se incluyeron dentro de la ‘cesta’ de reforma planteadas al Consejo de Estado en 2004, como la inclusión de la denominación de los territorios; un mayor reconocimiento de los ‘hechos’ diferenciales; las bases de la ordenación jurídica estatal; la constitucionalización de los principios reguladores del sistema de financiación (donde no figura la ordinalidad) o, incluso, la reforma de los mandatos constitucionales en torno al Senado, ya apuntado.
Una última reflexión conclusiva. La propuesta nace en un territorio que ha sabido hacer de su ‘vía’ propia a la autonomía un ejemplo de lealtad y consenso. No sólo entre territorios sino también entre las dos grandes formaciones políticas llamadas a sucederse en la gobernabilidad del Estado. Un ‘ciclo de acuerdos’ necesarios y urgentes que, como nos recordaba el MH President Ximo Puig en el acto de entregadel XXXI Premio Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta a la comisión redactora del Estatut d’Autonomia, debe garantizar una financiación autonómica ‘justa’, una mayor corresponsabilidad fiscal y alcanzar una cogobernanza de signo federal, aspectos todos ellos incluidos en una propuesta académica que tiene voluntad de traducirse en solución reformista en próximas.
Los empresarios y patronos de la FUNDACION CONEXUS recomiendan esta publicación de Mariano Vivancos para el diario Las Provincias.