01 Jul Juristes Valencians impulsa el Derecho Civil valenciano
El presidente de la asociación inicia una campaña en las Cortes Generales para que se modifique la Constitución
La Associació de Juristes Valencians (AJV) ha retomado con fuerza su campaña para la reforma de la Constitución con el fin de que la Comunitat Valenciana pueda recuperar su Derecho Civil propio, una normativa reconocida en el Estatuto de autonomía pero que choca, según interpreta el Tribunal Constitucional, con la más alta legislación española. De ahí que, de la mano de su presidente José Ramón Chirivella, hayan reemprendido los contactos con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.
Tras el fin el estado de alarma por el Covid-19, Chirivella ya ha mantenido contactos con el senador socialista valenciano Joan Lerma, que presidió la Generalitat entre 1982 y 1995, el portavoz del PNV en la Cámara Alta, Jokin Bildaratz, con los diputados valencianos de Podemos, y ayer fue el día para tratar el asunto con el diputado del PAR Clemente Sánchez-Garnica, y al grupo de Izquierda Confederal del Senado.
La propuesta de reforma constitucional para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano es una iniciativa de Les Corts que se tramita en el Congreso desde el pasado 28 de febrero. En el Parlamento valenciano la aprobaron PSPV, PP y Unidas Podemos. Ciudadanos se muestra en contra, aunque el presidente de AJV ha iniciado gestiones para tratar de convencerles, al igual que Vox.
José Ramón Chirivella reclamó ayer ante los senadores de izquierdas que se desbloquee cuanto antes y se tramite la reforma por la vía de urgencia. Antes de que la anulara el Constitucional estuvo vigente entre 2008 y 2016. Esta reforma permitiría, afirmó Chirivella, «desarrollar leyes civiles sociales propias que refuerzan el autogobierno valenciano, lo que es positivo y dotaría de agilidad el desarrollo normativo».
El presidente de la AJV destacó también que se trata de una iniciativa que cuenta con un amplísimo consenso en la sociedad valenciana, no solamente entre la clase política dirigente, también la apoyan 481 ayuntamientos, las universidades y numerosas entidades sociales.
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